En una sociedad moderna, que ha experimentado cambios importantes en las estructuras y dinámicas sociales, es inevitable que se presenten conductas delictivas. Es fácil observar éstas en grandes centros urbanos o comunidades en crecimiento, aunque el fenómeno delictivo no es exclusivo de las grandes ciudades, y en todos los casos es responsabilidad del Estado su prevención , la procuración e impartición de justicia y la reincersión social.

Nuestro gobierno sabe que la mejor forma de evitar una conducta antisocial es prevenirla y para ello fomentamos la participación activa de la ciudadanía y promovemos el compromiso social a través de actividades formativas e informativas para fortalecer los valores de honradez, eficiencia, solidaridad, colaboración, tolerancia y sentido de pertenencia.

Para preservar las condiciones de seguridad y vigilar el desarrollo de las actividades de la comunidad en general, de tal manera que se pueda detectar alguna conducta ilícita y sancionarla realizamos diversos tipos de dispositivos y operativos.

Finalmente y para completar un círculo integral de acciones encaminadas a la seguridad pública y procuración de justicia, nuestro gobierno proporciona a las víctimas u ofendidos por algún delito acceso a orientación y asistencia jurídica; atención psicológica y terapéutica; gestoría y canalización a instituciones de asistencia social, entre otras acciones, para que ellos y sus familiares puedan superar tan penosa experiencia.